Entre la mayor reserva petrolera del planeta y el colapso de un Estado rentista, Venezuela enfrenta una encrucijada histórica donde la geopolítica, la opacidad y el deterioro institucional han vaciado de sentido la soberanía energética. El petróleo ha sido botín, escudo ideológico y moneda de cambio, pero rara vez palanca de bienestar. ¿Quién decide las reglas del juego y quién se beneficia realmente? ¿Puede el crudo financiar desarrollo inclusivo sin repetir el saqueo?
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📷 Imagen generada por GPT-4o para El Candelabro. © DR
El petróleo venezolano: entre la geopolítica extractiva y la oportunidad de desarrollo inclusivo
Durante más de dos décadas, el discurso público sobre Venezuela ha estado dominado por una narrativa simplificada que atribuye las acciones de Estados Unidos exclusivamente al afán de controlar las reservas petroleras del país. Si bien los intereses energéticos forman parte indiscutible de la geopolítica global, esta interpretación omite un análisis crítico de los actores que efectivamente han intervenido en la explotación del petróleo venezolano sin rendir cuentas ante la población local. Cuba, Rusia y China, por ejemplo, han mantenido acuerdos de cooperación energética con Caracas desde los primeros años del siglo XXI, recibiendo crudo a precios preferenciales —cuando no como pago directo de deudas— sin que dichos flujos se tradujeran en mejoras tangibles para el bienestar social.
Estos pactos no siempre se han formalizado bajo esquemas de inversión transparentes ni sometidos a auditorías internacionales. En muchos casos, el intercambio ha sido altamente opaco, con contratos bilaterales que priorizan la estabilidad política del régimen en turno sobre la sostenibilidad económica o el desarrollo nacional. El petróleo venezolano, lejos de ser un recurso soberano gestionado con visión estratégica de largo plazo, ha funcionado como moneda de cambio en alianzas geopolíticas cuyos beneficios se han quedado en el exterior o en manos de élites restringidas. Mientras tanto, la infraestructura de PDVSA se deterioraba, la producción caía estrepitosamente y el capital humano se desangraba por la emigración masiva de técnicos y profesionales.
La paradoja radica en que, aún en medio de esta crisis estructural, el país conserva la mayor reserva probada de petróleo del mundo —más de 300 mil millones de barriles—, una ventaja competitiva que, si se gestionara con eficiencia, transparencia y responsabilidad social, podría reactivar no solo la economía nacional, sino también contribuir significativamente a la seguridad energética regional. No obstante, el mero hecho de poseer recursos naturales no garantiza prosperidad; el denominado “maleficio de los recursos” ha sido documentado en múltiples casos históricos donde la abundancia ha generado dependencia, corrupción y estancamiento institucional. Venezuela es un ejemplo paradigmático de esta dinámica.
En este contexto, la entrada de nuevos actores —sean empresas estadounidenses, canadienses, turcas o filipinas— no debe juzgarse a priori como una amenaza, sino evaluarse bajo criterios rigurosos de gobernanza, rendición de cuentas y reparto equitativo de beneficios. El verdadero problema no es la nacionalidad de quienes participan en la industria petrolera, sino la ausencia de un marco institucional capaz de asegurar que la riqueza generada por la explotación de los hidrocarburos se convierta en inversión productiva, empleo digno, acceso a servicios básicos y desarrollo tecnológico. Históricamente, los regímenes autoritarios han utilizado el sector energético como herramienta de clientelismo y control político, desviando ingresos hacia gastos no productivos o incluso hacia cuentas extraterritoriales.
Por el contrario, una apertura calibrada, basada en contratos claros y supervisados por organismos técnicos independientes —y no por intereses partidistas—, podría ofrecer una vía para romper con décadas de estancamiento. La experiencia internacional muestra que países como Noruega, Canadá o incluso Colombia han logrado articular modelos donde la inversión extranjera coexiste con regulaciones estrictas, participación estatal estratégica y mecanismos de redistribución social robustos. El error no radica en permitir la participación foránea per se, sino en hacerlo sin blindajes institucionales que impidan la captura rentista por parte de actores privados o públicos interesados en maximizar ganancias a corto plazo.
Es crucial entender que el capital extranjero no es homogéneo: existen empresas con estándares ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) rigurosos, comprometidas con la transición energética y con la creación de capacidades locales, mientras que otras operan bajo lógicas extractivistas obsoletas. La discriminación debe hacerse, entonces, no por origen geográfico, sino por calidad de propuesta técnica, transparencia contractual y alineación con los objetivos nacionales de desarrollo sostenible. Una empresa turca que construye refinerías modulares con tecnologías de bajo carbono y capacita a ingenieros venezolanos puede representar un aporte mayor que una firma estatal cuyas operaciones carecen de auditoría ambiental o social.
Además, en un escenario global marcado por la transición energética acelerada, la oportunidad de revitalizar la industria petrolera venezolana no puede desvincularse de la necesidad de diversificar la matriz productiva. El petróleo, en este momento histórico, debe concebirse no como un fin en sí mismo, sino como un recurso de transición: una fuente temporal de ingresos para financiar la reconstrucción de infraestructuras, la reindustrialización, la educación técnica y el impulso a energías renovables. Quienes hoy invierten en los yacimientos de la Faja del Orinoco deben comprometerse también con la transferencia tecnológica y la formación de capital humano, evitando la repetición de esquemas coloniales que exportan materia prima sin valor agregado.
El argumento de que cualquier participación externa configura una “entrega de la soberanía” es, en muchos casos, retórico y descontextualizado. La soberanía energética no se mide por quién perfora un pozo, sino por quién decide las reglas del juego, quién se beneficia con los réditos y quién responde ante la ciudadanía. Una nación soberana puede —y debe— establecer contratos de servicios, joint ventures o concesiones limitadas, siempre que conserve el control regulatorio, fiscal y ambiental. Lo contrario —una estatización nominal sin capacidad operativa real— ha demostrado ser funcional únicamente para la reproducción de redes clientelares, no para el bien común.
Resulta significativo que, en el imaginario colectivo venezolano, persista una profunda desconfianza hacia los Estados Unidos, alimentada por décadas de retórica antiimperialista. Sin embargo, dicha desconfianza rara vez se ha extendido con la misma intensidad hacia Moscú, Pekín o La Habana, pese a que sus prácticas en suelo venezolano han sido igual o más opacas. Esta asimetría revela cómo los discursos ideológicos pueden distorsionar el análisis empírico, desviando la atención de los verdaderos responsables del saqueo institucional. No se trata de justificar intervenciones unilaterales, sino de exigir coherencia ética: si se critica la presencia de Chevron, debe criticarse también la de Rosneft o Sinopec bajo condiciones similares.
Finalmente, la verdadera medida del éxito no será quién extraiga el crudo, sino si, por primera vez en generaciones, el venezolano promedio vea reflejada esa riqueza en su calidad de vida: en hospitales equipados, escuelas con maestros capacitados, carreteras seguras y una red eléctrica confiable. El petróleo, por sí solo, no salva naciones; lo hacen las instituciones, las ideas y la voluntad colectiva de construir un contrato social justo. Si la apertura actual logra articular inversión extranjera con desarrollo endógeno, con respeto al medio ambiente y con participación ciudadana, entonces bienvenida sea cualquier mano que contribuya —sin condicionalidades políticas— a ese objetivo. Lo demás, como se ha señalado, es ruido sistémico: la retórica del resentimiento, que prefiere la miseria compartida a la prosperidad negociada.
En síntesis, el futuro energético de Venezuela no depende de cerrar puertas, sino de abrir ventanas con inteligencia estratégica. Requiere romper con los binarismos ideológicos que han paralizado al país y adoptar una mirada pragmática, informada por la evidencia histórica y económica. La alternativa no es entre “imperialismo” y “soberanía”, sino entre gestión eficiente y desgobierno; entre transparencia y opacidad; entre desarrollo inclusivo y enclave extractivo. Si esta vez los ingresos petroleros se convierten en capital humano, en innovación y en esperanza, entonces habremos aprendido una lección dolorosa pero necesaria: que los recursos naturales solo son una bendición cuando están al servicio del pueblo —no de las oligarquías, sean nacionales o foráneas— y cuando su administración se somete al más alto estándar de responsabilidad democrática.
Ojalá Cuba, observando desde la cercanía geográfica y la afinidad histórica, entienda que el verdadero orgullo revolucionario no está en resistir el cambio, sino en tener el coraje de reformar lo que ya no funciona —porque ningún sistema sobrevive si se niega a evolucionar.
Referencias:
Corrales, J. (2020). The politics of oil in Venezuela: A history of mismanagement and missed opportunities. Cambridge University Press.
Ellner, S. (2021). Venezuela’s petroleum policy under Chávez and Maduro: From resource nationalism to geopolitical clientelism. Latin American Perspectives, 48(3), 14–32.
Geddes, B., Wright, J., & Frantz, E. (2018). How dictatorships work: Power, personalization, and collapse. Cambridge University Press.
Karl, T. L. (1997). The paradox of plenty: Oil booms and petro-states. University of California Press.
Rosales, A., & Ortega, D. (2023). Foreign investment and energy governance in post-crisis Venezuela: Challenges and prospects. Revista de Estudios Sociales, 84, 78–95.
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