En vez de resolver problemas sociales tales como la delincuencia, la ley seca había llevado el crimen organizado a sus niveles más elevados de actividad como nunca antes se había percibido en los Estados Unidos

La Ley Seca

A principios de 1920, en Estados Unidos entró en vigencia la Enmienda XVIII a la Constitución, la llamada Ley Seca. Esta norma prohibió la venta, la producción, la importación, la exportación y el transporte de bebidas alcohólicas en todo el país.
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Durante los años anteriores, tomaron forma diversos movimientos sociales que veían el alcohol como el causante de distintos males que perjudicaban a la sociedad. Para principios del siglo XX, estos grupos lograron obtener representación mayoritaria en el Congreso y consiguieron hacer efectiva la prohibición.
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El castigo para aquellos que no la cumplieran eran multas, prisión y el cierre de los locales donde se venda alcohol de manera clandestina.
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Lejos de terminar con el consumo de alcohol, se generó un mercado ilegal dentro de la industria que trajo consigo consecuencias graves: se desató una brutal oleada de violencia, la delincuencia en las calles se transformó en crimen organizado, y la corrupción se disparó.
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Los mafiosos de la época vieron una gran oportunidad de extender sus negocios dominado el mercado negro. Algunos de ellos fueron Al Capone, Lucky Luciano y Dutch Schultz, quienes maximizaron su poder durante la vigencia de esta ley.
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Millones de personas desobedecieron la norma y el consumo siguió igual de alto. Se calcula que para 1925 había alrededor de 100.000 bares clandestinos en las principales ciudades.
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Junto con la prohibición también entró en juego la falta de regulaciones a la producción. Esto derivó en miles de muertes por la ingesta de alcohol metílico, y otros cientos de miles de afectados por lesiones como ceguera o parálisis por consumir los licores ilegales.
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En resumen, la nueva norma trajo como consecuencia todo lo que pretendía erradicar de la sociedad, pero multiplicado.
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La crisis de 1929 hizo al gobierno repensar la medida, ya que la derogación de la misma podía representar un importante aumento en los ingresos fiscales provenientes de los impuestos al alcohol.
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Debido a esta y otras tantas razones, en 1933 se puso fin a la decimoctava enmienda, con Franklin D. Roosevelt como presidente.

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