Entre la promesa de proteger la libertad continental y la realidad de imponer una nueva hegemonía, la Doctrina Monroe marcó el destino político de América durante casi dos siglos, moldeando intervenciones, resistencias y debates sobre soberanía y poder. ¿Fue un escudo frente al colonialismo europeo o el preludio de un imperio hemisférico? ¿Hasta qué punto su legado sigue influyendo en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina?

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📷 Imagen generada por GPT-4o para El Candelabro. © DR

La Doctrina Monroe: Entre la defensa soberana y la justificación imperial

La Doctrina Monroe, proclamada por el presidente James Monroe en su mensaje anual al Congreso el 2 de diciembre de 1823, ha ocupado un lugar central en la historia de las relaciones interamericanas y en la evolución de la política exterior de Estados Unidos. Formulada en un momento de transformación geopolítica global, su enunciado inicial —“América para los americanos”— resonó como una proclamación de autonomía continental frente al orden colonial europeo, aún vigente en otras regiones del mundo. Sin embargo, lejos de ser un principio estático, la doctrina sufrió reinterpretaciones sucesivas que revelan tensiones profundas entre sus intenciones declaradas y sus consecuencias históricas. Su legado, por tanto, no puede entenderse únicamente desde la retórica inicial, sino a través de la práctica diplomática y militar que la acompañó durante más de un sigenio.

En su formulación original, la Doctrina Monroe establecía tres premisas fundamentales: primero, que el hemisferio occidental ya no estaba abierto a nuevas colonizaciones europeas; segundo, que cualquier intento de interferencia europea en los asuntos de los Estados americanos recientemente independizados sería considerado una amenaza a la paz y seguridad de Estados Unidos; y tercero, que Washington se comprometía a no intervenir en los conflictos internos ni en las guerras europeas. Este último punto, frecuentemente olvidado en las lecturas críticas posteriores, era crucial para sostener una imagen de equilibrio y no injerencia. La declaración no fue acompañada por una capacidad militar creíble en su momento —Estados Unidos carecía de una flota capaz de disuadir a las potencias europeas—, lo cual sugiere que su fuerza inicial radicaba más en la coincidencia circunstancial con los intereses británicos que en la disuasión unilateral estadounidense.

En efecto, el Reino Unido, bajo la influencia de George Canning, había propuesto una declaración conjunta para impedir la reconquista ibérica de las colonias americanas. Aunque Monroe y su secretario de Estado, John Quincy Adams, rechazaron la alianza formal por temor a quedar subordinados diplomáticamente a Londres, adoptaron una postura que coincidía con los intereses británicos de mantener abiertos los mercados latinoamericanos al comercio libre. Esta convergencia de intereses permitió que la doctrina funcionara como una política efectiva, no tanto por su poder coercitivo, sino por su encaje en un escenario multipolar donde Europa estaba dividida y el equilibrio de poder favorecía la no intervención en América. Así, durante las primeras décadas, la doctrina sirvió como parapeto simbólico, más que real, para las jóvenes repúblicas hispanoamericanas.

Con el tiempo, sin embargo, la consolidación del poderío estadounidense transformó radicalmente el significado y alcance de la doctrina. El Corolario Roosevelt, anunciado por Theodore Roosevelt en 1904 tras la crisis de la deuda en Venezuela y la intervención europea en puertos del Caribe, reinterpretó la Doctrina Monroe como una licencia para la intervención unilateral. Roosevelt afirmó que Estados Unidos, como “policía internacional” en el hemisferio, tenía la responsabilidad de intervenir preventivamente cuando gobiernos latinoamericanos demostraban “incapacidad crónica” para mantener el orden o cumplir con sus obligaciones internacionales. Esta reformulación, más que una extensión, constituyó una inversión del principio original: donde antes se prohibía la intervención extranjera, ahora se autorizaba la intervención estadounidense como única garantía de estabilidad regional.

La aplicación del Corolario Roosevelt inauguró una era de intervenciones directas y sistemáticas: ocupaciones militares en Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana y Panamá; apoyo a golpes de Estado en Guatemala, Honduras y Chile; y la imposición de tratados desiguales como el de las Bases Navales con Cuba (1903) o el Tratado Hay-Bunau-Varilla que permitió la construcción del Canal de Panamá. Estas acciones, muchas veces justificadas con el lenguaje de la “civilización”, la “modernización” o la “defensa de la democracia”, fueron recibidas en América Latina con una mezcla de resignación y resistencia creciente. Las élites locales, en algunos casos, colaboraron con estos esquemas pensando en la protección de sus propios intereses ante movimientos populares; pero amplios sectores sociales, especialmente desde la Revolución Mexicana en adelante, identificaron claramente la doctrina como instrumento de dominación hemisférica.

Las críticas latinoamericanas no tardaron en articularse con rigor intelectual y fuerza política. Figuras como José Martí, desde el exilio en Nueva York, advirtieron tempranamente sobre “la entraña de la serpiente” en la doctrina, denunciando que detrás de su retórica emancipadora se ocultaba una ambición expansionista. Posteriormente, líderes como Augusto César Sandino en Nicaragua o Jacobo Árbenz en Guatemala se alzaron no solo contra regímenes locales impopulares, sino también contra la arquitectura de control externo que los sostenía. En México, Venustiano Carranza, durante la Convención de Aguascalientes y luego como presidente constitucional, rechazó abiertamente que la Doctrina Monroe tuviera carácter vinculante para México, afirmando que ninguna nación tenía derecho a erigirse en árbitro de los destinos soberanos de otra. Estas posturas sentaron las bases de una tradición diplomática latinoamericana que, culminando en la Carta de la Organización de Estados Americanos de 1948 y más tarde en la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz (2014), insistió en la no intervención como principio inderogable del derecho internacional regional.

Es importante señalar que la Doctrina Monroe tampoco fue monolítica dentro de Estados Unidos. Desde su origen, hubo voces disidentes: los federalistas la consideraron imprudente, mientras que en el siglo XX, sectores del movimiento laboral, intelectuales progresistas y ciertos diplomáticos cuestionaron su uso como pretexto para la dominación. La administración de Franklin D. Roosevelt intentó mitigar su carga intervencionista con la política de la “Buena Vecindad”, retirando tropas de Centroamérica y abogando por el respeto a la soberanía. No obstante, esta reorientación fue parcial y estratégica, enfocada más en neutralizar el avance del fascismo y luego del comunismo en la región que en abandonar estructuralmente las prácticas hegemónicas. Durante la Guerra Fría, la doctrina se fusionó con la lógica de contención, y cualquier movimiento de izquierda —electo democráticamente o no— era visto como una “puerta abierta” al comunismo y, por tanto, como una violación implícita del orden hemisférico que justificaba la acción estadounidense.

A partir de los años ochenta y noventa, con el fin de la bipolaridad y el auge del neoliberalismo, la intervención directa cedió espacio a mecanismos más sutiles: condicionalidad económica a través del FMI y el Banco Mundial, promoción de acuerdos de libre comercio asimétricos, y el uso de tribunales internacionales para proteger inversiones extranjeras. Aunque ya no se invocaba abiertamente la Doctrina Monroe, su espíritu persistía en la idea de que la estabilidad y orientación política de América Latina eran de interés vital para Washington. En los últimos años, discursos de funcionarios estadounidenses en torno a “desafíos a la seguridad hemisférica” o la “protección de la democracia” ante gobiernos considerados autoritarios (como los de Venezuela, Nicaragua o Cuba) han sido interpretados por analistas como una reactivación simbólica —aunque no formal— de los principios monroístas adaptados al siglo XXI.

Desde la perspectiva del derecho internacional contemporáneo, la Doctrina Monroe presenta una contradicción fundamental: mientras apelaba a la autodeterminación frente a Europa, negaba simultáneamente esa misma autodeterminación a los Estados vecinos al reservar para sí el derecho a definir qué gobiernos eran legítimos y cuáles no. Esta asimetría es irreconciliable con la Carta de las Naciones Unidas, que consagra la igualdad soberana de todos los Estados (Artículo 2.1) y prohíbe la intervención en sus asuntos internos (Artículo 2.4 y 2.7). El rechazo expreso de la doctrina por parte de foros regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) refleja no solo una reivindicación histórica, sino una reinterpretación colectiva del orden internacional basado en el multilateralismo horizontal, no en jerarquías hemisféricas impuestas.

En conclusión, la Doctrina Monroe encarna una paradoja fundacional en las relaciones interamericanas: nació como un intento de proteger la independencia recién conquistada, pero su evolución la convirtió en el principal instrumento ideológico de una nueva forma de dominación. Su valor histórico no radica en su coherencia normativa —pues fue siempre ambigua y selectivamente aplicada— sino en su capacidad para revelar las dinámicas de poder que subyacen a las declaraciones de principios en política internacional. Más que una doctrina unívoca, fue un campo de disputa discursiva en el que se enfrentaron visiones contrapuestas sobre la soberanía, la justicia global y el lugar de América Latina en el mundo. Hoy, aunque ya no se invoque oficialmente, su fantasma persiste en los debates sobre la injerencia, la responsabilidad de proteger y la legitimidad de las intervenciones “humanitarias”.

Comprenderla en toda su complejidad —sin caer en la apología ni en la simplificación condenatoria— es esencial para imaginar relaciones futuras basadas no en protectorados disfrazados de alianzas, sino en el reconocimiento mutuo de la dignidad histórica y política de cada nación del continente.

Referencias

Bemis, S. F. (1949). John Quincy Adams and the Foundations of American Foreign Policy. Alfred A. Knopf.

Grandin, G. (2019). The End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America. Metropolitan Books.

Langley, L. D. (1989). The Banana Wars: United States Intervention in the Caribbean, 1898–1934. Scholarly Resources.

Martí, J. (1963). Nuestra América. En Obras Completas (Vol. 6). Editorial Nacional de Cuba.

Roosevelt, T. (1904). Annual Message to Congress. 6 de diciembre de 1904. En The Public Papers of Theodore Roosevelt. Government Printing Office.

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