Entre las grandes figuras intelectuales de la España contemporánea, Rafael Altamira y Crevea ocupa un lugar singular por su defensa de la educación, la justicia y el entendimiento entre los pueblos. Jurista, historiador, pedagogo y americanista, convirtió el conocimiento en una herramienta de transformación social y proyección internacional. ¿Cómo llegó un joven alicantino a convertirse en una autoridad del derecho internacional? ¿Qué huella dejó su pensamiento en España y América?
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Rafael Altamira y Crevea: biografía del jurista, historiador y pedagogo alicantino (1866-1951)
Rafael Guillermo Vicente José Miguel Altamira y Crevea nació en Alicante el 10 de febrero de 1866, en el seno de una familia de clase media que vivió con modestia los cambios de la España de la Restauración. Su figura reúne en una sola trayectoria al jurista, al historiador, al pedagogo y al americanista. Su vida transcurrió entre dos siglos marcados por la crisis política y por la búsqueda de una regeneración nacional. Hombre de diálogo y de convicciones democráticas, fue uno de los intelectuales más influyentes de su generación, y su recorrido refleja las tensiones de una España que quiso modernizarse sin renunciar a su identidad.
Su padre, José Altamira Moreno, había nacido en Murcia y ejercía como músico militar, un oficio que obligaba a la familia a una vida itinerante y de recursos limitados. Su madre, Rafaela Crevea, sostuvo el hogar en una ciudad mediterránea que conservaba el peso de la tradición marinera y comercial. Las noticias sobre la infancia del futuro historiador proceden sobre todo de semblanzas posteriores y de documentos escolares, por lo que los detalles íntimos de su niñez son escasos. Esa falta de testimonios directos obliga a manejar con prudencia lo que se sabe de sus primeros años.
Realizó la primera enseñanza en el colegio de San José de Alicante y cursó después el bachillerato en el Instituto Jorge Juan, centros en los que comenzó a mostrar inclinación por la lectura y por la reflexión sobre el pasado. Durante esos años, la ciudad levantina era un espacio de intensa vida cultural, con prensa local y una burguesía comercial atenta a las novedades pedagógicas que llegaban de Europa. Su formación inicial se desarrolló, por tanto, en un medio que combinaba el orden tradicional con la curiosidad por el progreso, una tensión que acompañaría toda su obra.
Después se trasladó a Valencia para estudiar Derecho, donde entró en contacto con el ambiente jurídico de un antiguo reino que aún conservaba costumbres e instituciones propias. Ese interés por el derecho consuetudinario, por las formas de vida comunitaria y por la economía popular marcaría de manera duradera su mirada histórica. La carrera le ofreció un método riguroso de análisis de fuentes y textos normativos, herramienta que trasladaría después al estudio de la historia de España. Su paso por la Universidad de Valencia constituye el primer eslabón de una formación que unió la técnica jurídica con una notable sensibilidad social.
En los años ochenta del siglo XIX se instaló en Madrid, donde ejerció la abogacía y trabó una relación decisiva con la Institución Libre de Enseñanza, el centro krausista fundado por Francisco Giner de los Ríos. Allí encontró un ideal de educación laica, científica y moral, que consideraba la enseñanza como base para transformar la vida nacional. Actuó como auxiliar en la cátedra de Filosofía del Derecho y se vinculó al Museo Pedagógico Nacional, donde ocupó la secretaría. Bajo la tutela de Gumersindo de Azcárate completó su doctorado con una tesis sobre la propiedad comunal, defendida en diciembre de 1887.
La influencia de Giner de los Ríos fue profunda y personal. La convivencia con el maestro en aquellos años fue, según el propio Altamira, la más intensa de su juventud, y de ella surgió una concepción de la historia como disciplina formativa y no como simple repertorio de hechos gloriosos. En 1891 publicó La enseñanza de la historia, obra en la que defendía que el conocimiento del pasado debía servir para formar ciudadanos críticos y tolerantes. El libro se convirtió en referencia para los maestros de su tiempo y abrió el camino hacia su labor como historiador de España.
En 1897 obtuvo por oposición la cátedra de Historia del Derecho Español en la Universidad de Oviedo, un destino decisivo en su trayectoria. Desde allí impulsó la Extensión Universitaria, proyecto que la Universidad asturiana aprobó en octubre de 1898 y que comenzó a funcionar en noviembre con una conferencia del propio Altamira. La iniciativa buscaba llevar la cultura universitaria a obreros, artesanos y público general mediante conferencias y cursos, con el propósito de educar al pueblo y no solo de instruirlo. Oviedo fue así el laboratorio de una idea que hoy se aplica en buena parte de las universidades españolas.
La crisis de 1898 encontró a Altamira en plena madurez intelectual. Su Historia de España y de la civilización española, cuyos primeros volúmenes aparecieron en 1900, renovó el enfoque tradicional al prestar atención a las instituciones, a la economía y a la cultura popular, y no solo a reyes y batallas. En 1902 apareció Psicología del pueblo español, texto escrito en buena parte durante 1898, en el que analizó los rasgos colectivos de la sociedad española con un tono regeneracionista. Estas obras lo situaron entre las voces más influyentes del debate sobre la identidad nacional.
La producción de esos años fue amplia y variada. Publicó la Historia de la civilización española en 1902 y la Historia del derecho español en 1903, y en 1905 vio la luz Derecho consuetudinario y economía popular en la provincia de Alicante, trabajo en el que combinó el método histórico con la observación de costumbres jurídicas populares. En 1908 publicó España en América, obra que anticipaba su interés por los vínculos entre España y el continente americano. Esa doble mirada, jurídica y etnográfica, lo distinguió de buena parte de sus colegas.
En 1909 emprendió un viaje que cambiaría su proyección pública. Recorrió buena parte de Hispanoamérica, con estancias en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México, Cuba y Estados Unidos, impartiendo conferencias y cursos en universidades y centros culturales. El viaje, relatado en Mi viaje a América, tuvo notable repercusión en España y en los países visitados. Altamira defendió una relación entre ambas orillas basada en el respeto mutuo, la cultura compartida y la cooperación, lejos de la nostalgia imperial. Sus contactos americanos se prolongaron durante décadas.
A su regreso fue nombrado inspector general de Primera Enseñanza en 1910 y, al año siguiente, director general de Primera Enseñanza, cargo que desempeñó hasta 1913. Desde esa posición impulsó la mejora de la escuela pública y la dignificación del salario de los maestros, y reflexionó sobre los problemas urgentes de la educación primaria en sus memorias oficiales. Su gestión chocó con las limitaciones presupuestarias y con un sistema escolar profundamente desigual. Fue también senador en representación de la Universidad de Oviedo, desde donde defendió reformas educativas.
La Primera Guerra Mundial marcó un giro en su pensamiento, pues para él la contienda representaba el fracaso de la civilización europea. Su defensa de la paz se tradujo en una intensa actividad internacional. En 1919 fue nombrado delegado del Gobierno español ante la Sociedad de Naciones y asistió a la Conferencia Internacional del Trabajo, y al año siguiente pasó a ser secretario general del Comité español de la Liga de las Naciones. Fue el único español que participó en los grupos de trabajo del congreso de Bruselas, y para él la escuela y la enseñanza de la historia eran el lugar donde se gestaban los prejuicios entre pueblos.
Su prestigio internacional se consolidó con su presencia en los órganos judiciales de la paz. Formó parte del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya, donde ejerció como juez y aplicó una concepción del derecho orientada a la mediación y al entendimiento entre Estados. Los especialistas en historia del derecho internacional han subrayado la coherencia de esta trayectoria: quien había escrito sobre la historia como formación moral acabó defendiendo la justicia entre naciones como instrumento de civilización. Su figura se estudia en ese terreno como la de un juez conciliador y de talante humanista.
La guerra civil de 1936 y la posterior dictadura franquista lo llevaron al exilio. Tras años de desplazamientos por Europa, llegó a México el 25 de noviembre de 1944 y encontró acogida en instituciones académicas mexicanas. Impartió cursos en El Colegio de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México, participó en actividades del exilio republicano y mantuvo correspondencia con intelectuales de ambos lados del Atlántico. Durante aquellos años fue propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que refleja el peso internacional de su labor.
Su trayectoria no estuvo exenta de controversias. Su historiografía, de inspiración positivista y apoyada en el método documental, recibió críticas por el optimismo con que valoraba algunos aspectos de la presencia española en América. Otros estudiosos han señalado en su americanismo cierto paternalismo cultural, heredado de la formación elitista de la Institución Libre de Enseñanza. Existen además vacíos documentales en su vida privada y en parte de su correspondencia, lo que obliga a matizar algunos detalles. Son hechos comprobados su papel en la Extensión Universitaria y en la reforma de la enseñanza, mientras que el alcance político de su ideario sigue siendo objeto de debate.
Rafael Altamira falleció en la Ciudad de México el 1 de junio de 1951, a los ochenta y cinco años, lejos de la tierra que tanto había estudiado. Su muerte fue recibida con homenajes en el mundo hispanoamericano, y en 1952 se publicó en México un volumen de homenaje a su figura. Colegas y estudiosos como Silvio Zavala y Javier Malagón dedicaron después trabajos fundamentales a su vida y obra, que sirvieron de base a la historiografía posterior. En Alicante, su ciudad natal, su nombre sigue vinculado a instituciones educativas y culturales.
El legado de Altamira es múltiple. En el terreno historiográfico, su defensa de una historia de la civilización atenta a las instituciones, a la economía y a la cultura popular anticipó tendencias que la historiografía posterior desarrollaría ampliamente. En pedagogía, sus ideas sobre la enseñanza de la historia y sobre la extensión universitaria influyeron en generaciones de docentes. En el ámbito internacional, su defensa del derecho como instrumento de paz le otorga un lugar en la historia del derecho internacional. La historiografía contemporánea valora su rigor documental, aunque matiza su confianza en la acción civilizadora del Estado.
Su itinerario, de la modesta juventud alicantina al exilio mexicano, condensa las esperanzas y frustraciones de una generación que creyó en la educación como vía de regeneración nacional. Altamira no fue un político de primera línea, pero su influencia fue duradera porque entendió que la democracia se construye en la escuela, en la ley y en el diálogo entre los pueblos. Releer hoy su obra exige reconocer tanto sus aciertos como sus límites. Así, su figura sigue siendo un punto de referencia para comprender la España y la América del siglo XX.
Referencias
Asín, R. (Ed.). (1987). Rafael Altamira (1866-1951). Instituto de Estudios “Juan Gil-Albert”, Diputación Provincial de Alicante.
Gamarra, Y. (2012). Rafael Altamira y Crevea (1866-1951): The international judge as “gentle civilizer”. Journal of the History of International Law, 14(1), 1-49.
Malagón Barceló, J., y Zavala, S. (1971). Rafael Altamira y Crevea: El historiador y el hombre. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas.
Moreno Sáez, F. (1997). Rafael Altamira y Crevea (1866-1951). Consell Valencià de Cultura.
Ramos, V. (1968). Rafael Altamira. Alfaguara.
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