Entre los procesos criminales más desconcertantes de la España decimonónica, el caso de Manuel Blanco Romasanta ocupa un lugar excepcional. Acusado de asesinatos y conocido como el hombre lobo de Allariz, convirtió la licantropía en el centro de un debate sobre superstición, enfermedad mental y responsabilidad penal. ¿Fue su transformación en lobo una creencia, un delirio o una estrategia de defensa? ¿Cómo contribuyó aquel juicio a definir la figura del criminal anormal?


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Manuel Blanco Romasanta


Manuel Blanco Romasanta, el licántropo de Allariz: licantropía, imputabilidad y construcción de la anomalía en la España del siglo XIX


La figura de Manuel Blanco Romasanta ocupa una posición singular en la historia criminal española. Su proceso, sustanciado en Allariz entre 1852 y 1853, se convirtió en uno de los primeros grandes juicios mediáticos del país en los que la defensa invocó la licantropía como causa de inimputabilidad. La tesis que aquí se sostiene es que el caso no debe leerse solo como episodio de superstición rural ni como anécdota de crimen serial, sino como un dispositivo en el que convergen la cultura folclórica gallega, el saber médico-forense y la gramática jurídica de la anormalidad.

Nacido en 1809 en Regueiro, parroquia del municipio de Esgos, en la provincia de Ourense, Romasanta desarrolló durante años una existencia itinerante como comerciante ambulante y tejedor de hilados. Su movilidad le permitió atravesar Galicia, León y el Bierzo, territorios en los que las desapariciones de viajeros se acumulaban sin que la justicia rural dispusiera de instrumentos para relacionarlas. La primera acusación formal, dirigida contra él por la muerte de un alguacil hacia mediados de la década de 1840, revela una estructura judicial fragmentada que favorecía la fuga y la reincidencia.

El expediente instruido en Allariz constituye el núcleo documental del caso. Los legajos manuscritos, de volumen considerable, recogen declaraciones de un número elevado de testigos, informes periciales y la confesión del acusado. Esa densidad archivística contrasta con la fragilidad del dato cuantitativo, pues el número de víctimas oscila en la tradición entre nueve, doce y trece según el momento de la confesión y la versión empleada. Toda reconstrucción del caso debe, por tanto, tratar el sumario como un texto producido bajo presiones procesales y no como registro transparente de los hechos.

La defensa de Romasanta se apoyó en una creencia de amplia implantación en la cultura europea: la transformación del hombre en lobo, que en Galicia pervive bajo la denominación de lobishome. Según su propia declaración, una meiga le había impuesto una maldición que lo obligaba a transformarse durante las noches de luna llena. Julio Caro Baroja examinó este tipo de representaciones en su estudio sobre la brujería, donde la licantropía aparece vinculada al sistema de la hechicería y a una concepción popular del mal. Desde esta perspectiva, el discurso del acusado remitiría a un repertorio simbólico compartido, y el tribunal se vería obligado a decidir sobre la validez jurídica de un marco que no le era ajeno.

Frente a esta lectura culturalista se alzó otra, de origen médico, que situó la cuestión en el terreno de la enfermedad mental. Según algunas reconstrucciones, los facultativos de Allariz presentaron en 1852 un informe apoyado en principios frenológicos y concluyeron que el trastorno había sido fingido. La psiquiatría europea, sin embargo, ya había incorporado la licantropía a su nosografía. Jean-Étienne Dominique Esquirol la describió como una variante de la monomanía, forma parcial de locura en la que el sujeto cree transformarse en animal, y la recogió en su tratado sobre las enfermedades mentales publicado en 1838.

El debate historiográfico se configura, así, como una tensión entre modelos explicativos. El primero, heredero de la antropología histórica de Caro Baroja, subraya la dimensión simbólica de la licantropía y la interpreta como lenguaje de la culpa en comunidades rurales. El segundo, de filiación psiquiátrica, admite la existencia de un trastorno delirante y busca en el caso un antecedente clínico. Carlo Ginzburg ofrece una vía intermedia en Historia nocturna, donde muestra que los expedientes judiciales pueden descifrarse como huellas de universos culturales en los que la creencia popular y el saber letrado se influyen mutuamente. Ni la creencia constituye mera ignorancia, ni la clínica se sitúa al margen de la cultura.

La problematización conceptual del caso exige distinguir entre licantropía como creencia mítica, como síntoma clínico y como categoría jurídica. Esa tripartición no resulta estable. Lo que en el relato popular constituye una metamorfosis pasa, en el lenguaje médico-legal, a una alteración de la conciencia de sí, y en el derecho penal, a una cuestión de imputabilidad. Michel Foucault mostró que la figura del monstruo humano y la del individuo anormal se articulan en la práctica judicial del siglo XIX, donde el peritaje psiquiátrico se convierte en instancia productora de verdad sobre quien delinque.

Un aspecto menos explorado de la construcción judicial del caso concierne a la relación entre sexo, género y desviación. Diversas fuentes subrayan que Romasanta, registrado al nacer con un nombre femenino, desempeñó oficios considerados impropios de varones, como la cocina o el hilado, y entabló relaciones de confianza con mujeres de su entorno. Sus contemporáneos interpretaron estas circunstancias como indicios de afeminamiento. El proceso convierte así la trayectoria personal del acusado en materia de sospecha moral, de modo que la anomalía de género se superpone a la anomalía criminal y ambas se refuerzan mutuamente.

La dimensión económica del caso añade otra capa interpretativa. La acusación de haber extraído la grasa de sus víctimas para elaborar jabón o ungüentos conecta el expediente con el imaginario del sacamantecas, figura del temor que la literatura de cordel y la prensa difundieron en la España decimonónica. Cabe suponer que esa vinculación fijó un relato público antes de que el proceso concluyera. El sumario debe leerse, por tanto, también como fuente sobre la producción social del monstruo, y no solo como espejo de los hechos que pretende documentar.

La repercusión del juicio excedió el ámbito gallego. La prensa española y extranjera siguió su desarrollo, y un hipnotista de origen francés afincado en Londres lo observó a través de la prensa de París, lo que dotó la discusión sobre el estado mental del acusado de una dimensión internacional. Esta circulación transnacional de noticias judiciales anticipa dinámicas que la criminología moderna conocería de forma sistemática, en las que el caso individual se convierte a la vez en materia de debate científico y de consumo público.

La trayectoria final del condenado refuerza la impresión de que el caso permanece abierto. La pena de muerte por garrote, dictada en primera instancia, fue objeto de recursos y revisiones sucesivas, hasta que la sentencia se transformó en cadena perpetua. Romasanta falleció en 1863 en el presidio de Ceuta según la versión más difundida, aunque la localización de su enterramiento no ha podido documentarse en los registros penitenciarios y algunas tradiciones sitúan su muerte en otros lugares. Esta incertidumbre no es menor, pues impide contrastar la memoria colectiva con el archivo penal.

La recepción literaria y cinematográfica ha transformado al acusado en personaje de ficción. Alfredo Conde recreó su voz en una novela que entremezcla hechos históricos y ficticios, y el cine y el teatro han retomado la figura del hombre lobo gallego para públicos contemporáneos. Este proceso de mitificación no constituye un efecto colateral, sino un componente de la historia del caso. La leyenda opera como segunda fuente que interroga el sumario y que, en la memoria pública, tiende a sustituirlo, lo que obliga al historiador a distinguir con rigor entre testimonio, interpretación y ficción.

Un análisis crítico debe examinar también la agencia del acusado. La invocación de la licantropía puede leerse como estrategia defensiva consciente, dirigida a explotar las categorías disponibles para eludir la pena capital, o como manifestación de un delirio genuino. Ninguna de estas hipótesis admite verificación concluyente con las fuentes disponibles, pues la confesión, las declaraciones de testigos y los dictámenes fueron producidos en contextos de presión procesal y de disputa sobre la responsabilidad. La historiografía debe, por ello, abstenerse de resolver el dilema en términos de verdad clínica y atender a la eficacia social de la categoría invocada.

El marco normativo de la época permite precisar el alcance del problema. El Código Penal de 1848 ya contemplaba la exención de responsabilidad para quien actuara en situación de enajenación mental, de manera que la defensa de Romasanta se planteaba en un terreno jurídicamente reconocido. Sin embargo, la aplicación práctica de esa exención exigía una pericia que la medicina decimonónica no siempre podía proporcionar con solvencia, y en ese vacío se inscribió el peritaje de Allariz. La prueba pericial emerge así como el verdadero punto de fricción entre derecho y ciencia.

La conclusión que se desprende del análisis reúne tres lenguajes que el caso Romasanta hizo converger: el de la creencia popular, el de una psiquiatría en proceso de consolidación y el de un derecho penal que necesitaba clasificar la conciencia del delincuente. La licantropía funcionó como dispositivo que permitió al tribunal nombrar lo que parecía inconcebible sin renunciar a la norma. Su relevancia para la historiografía reside en que muestra cómo la anomalía se produce en la intersección de estos lenguajes, más que en la conducta del individuo considerado en sí mismo.

El aporte interpretativo que propongo consiste en desplazar la pregunta desde la verdad interior del sujeto hacia la gramática de la imputación. La historiografía tradicional oscilaba entre el folclore y la patología; una lectura situada permite comprender el expediente de Allariz como testimonio de la transición hacia un Estado que pretende fundar la responsabilidad penal en un diagnóstico. Esa transición, incipiente en 1853, anticipa los debates sobre enajenación, peritaje y responsabilidad que atravesarían el derecho penal español durante la segunda mitad del siglo XIX.

Una perspectiva comparada permitiría precisar en qué medida el caso gallego constituye una singularidad o una manifestación de dinámicas más amplias. La invocación de la licantropía como defensa se inscribe en una tradición europea de peritajes sobre la monomanía y la alteración de la identidad, de modo que el expediente de Allariz podría integrarse en un corpus más extenso de litigios sobre la frontera entre crimen, enfermedad y creencia. Esa integración ofrecería un terreno fértil para contrastar la especificidad del contexto ourensano con las lógicas judiciales de otras regiones del continente.

Conviene reconocer, con todo, las limitaciones de esta síntesis. Persiste una laguna documental en torno a los escenarios de los crímenes, la identidad de algunas víctimas y la trayectoria penitenciaria del condenado, lo que impide afirmar con certeza el alcance real de sus actos. Futuras investigaciones deberían cruzar el sumario de Allariz con los archivos penitenciarios, los registros parroquiales y los fondos de prensa de la época, y someter a crítica las relecturas psiquiátricas retrospectivas, que a menudo proyectan categorías contemporáneas sobre un tiempo que no las conocía.


Referencias

Caro Baroja, J. (1961). Las brujas y su mundo. Revista de Occidente.

Domínguez, J., y Bustillo, R. (Coords.). (2021). Blanco Romasanta. Historia real de una leyenda. Diputación Provincial de Ourense.

Esquirol, J.-É. D. (1838). Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal (Vol. 1). J.-B. Baillière.

Foucault, M. (2000). Los anormales: Curso en el Collège de France (1974-1975) (H. Pons, Trad.). Fondo de Cultura Económica.

Ginzburg, C. (1991). Historia nocturna: Un desciframiento del aquelarre. Muchnik Editores.



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