Entre la lealtad constitucional al Estado central y la responsabilidad cotidiana hacia quienes habitan sus calles, algunas ciudades han elegido proteger a sus residentes indocumentados frente a las políticas migratorias nacionales. Esta tensión, lejos de ser una anomalía, revela fracturas profundas en la arquitectura del poder democrático contemporáneo. ¿Hasta qué punto puede un gobierno local desafiar legítimamente al Estado? ¿Quién decide, en última instancia, quién pertenece a una comunidad?
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📷 Imagen generada por Dola Al para El Candelabro. © DR
Ciudades Santuario: Gobiernos Locales Frente a Políticas Nacionales de Migración
Las ciudades santuario representan uno de los fenómenos político-jurídicos más significativos y controvertidos de las democracias contemporáneas. Bajo esta denominación se agrupa a los municipios, condados y gobiernos locales que adoptan políticas explícitas de no cooperación con las autoridades federales o nacionales en materia de control migratorio, ofreciendo distintos grados de protección a los residentes indocumentados que habitan en su territorio. Lejos de constituir una anomalía institucional, estas entidades reflejan tensiones profundas sobre el reparto del poder en los estados modernos, la naturaleza de la ciudadanía y el alcance de los derechos fundamentales en sociedades marcadas por la movilidad humana.
El término «ciudad santuario» no corresponde a una categoría jurídica precisa ni a un estatus legal unificado. Su uso es principalmente político y mediático, y designa realidades institucionales muy diversas que van desde órdenes ejecutivas municipales hasta resoluciones legislativas locales, pasando por directivas administrativas internas que limitan el uso de recursos policiales en tareas de control migratorio. En ciudades como San Francisco, Chicago o Nueva York, estas políticas han adquirido rango cuasi-constitucional en el ámbito local, mientras que en otras jurisdicciones se expresan como simples directrices de conducta para los funcionarios. Lo que todas comparten es la premisa de que la autoridad local no está obligada, ni resulta conveniente, a actuar como brazo ejecutor de la política migratoria del gobierno central.
Los antecedentes históricos de este fenómeno se remontan, en el contexto norteamericano, a los años ochenta del siglo XX, cuando congregaciones religiosas del movimiento Sanctuary comenzaron a ofrecer refugio a refugiados centroamericanos que huían de conflictos armados en El Salvador y Guatemala. Estas comunidades de fe argumentaban que las leyes divinas y los principios humanitarios se imponían sobre la legislación federal que clasificaba a dichos migrantes como ilegales. La ciudad de San Francisco formalizó esta práctica en 1989 mediante una ordenanza municipal que prohibía a los funcionarios locales destinar recursos a hacer cumplir las leyes federales de inmigración, convirtiéndose en pionera de un modelo que se extendería progresivamente por todo el territorio estadounidense durante las décadas siguientes.
El conflicto jurídico entre ciudades santuario y gobierno federal descansa sobre la doctrina constitucional conocida en el derecho estadounidense como «antianticipación» o, más precisamente, sobre el principio anticomandamento, derivado de la Décima Enmienda de la Constitución. Este principio establece que el gobierno federal no puede obligar a los estados ni a las autoridades locales a implementar o hacer cumplir programas federales. La Corte Suprema lo aplicó en el caso Printz v. United States de 1997, y aunque ese fallo versaba sobre legislación de armas, su lógica ha sido invocada sistemáticamente para defender la legitimidad de las políticas santuario frente a las exigencias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Los gobiernos locales no están prohibidos de cooperar, pero tampoco pueden ser compelidos constitucionalmente a hacerlo.
La expansión del fenómeno santuario durante la primera administración de Donald Trump entre 2017 y 2021 convirtió el debate en una confrontación política de primer orden. El gobierno federal amenazó con retirar fondos federales a las jurisdicciones que se negaran a cooperar con las órdenes de detención migratoria, una medida que los tribunales federales bloquearon parcialmente al considerar que condicionaba fondos de manera inconstitucional. Ciudades como Los Ángeles, Seattle y Boston respondieron reforzando sus políticas de protección y articulando redes de asistencia legal para sus residentes sin estatus migratorio regular. Este período evidenció que el conflicto no era meramente técnico sino que expresaba concepciones radicalmente distintas sobre quién pertenece a una comunidad y quién merece protección institucional.
Fuera de Estados Unidos, el modelo santuario ha encontrado expresión en formas institucionales específicas a cada contexto nacional. En el Reino Unido, varias ciudades como Sheffield, Glasgow y Cardiff se han declarado «ciudades de bienvenida» o adoptado políticas similares, aunque la centralización del sistema político británico limita el margen de autonomía local en materia de inmigración. En Alemania, algunas iglesias y municipios han ofrecido protección de facto a solicitantes de asilo cuyas apelaciones estaban pendientes, creando espacios de resistencia institucional frente a las órdenes de deportación del gobierno federal. Suiza, con su marcada tradición federalista, ha experimentado tensiones similares entre cantones progresistas y la política federal en materia de refugiados, particularmente tras las crisis migratorias de 2015 y 2016.
Los argumentos en favor de las ciudades santuario articulan una lógica que combina consideraciones pragmáticas con principios normativos. Desde el punto de vista práctico, sus defensores señalan que la cooperación policial con las autoridades migratorias disuade a los residentes indocumentados de reportar delitos, colaborar con investigaciones o acudir a servicios públicos esenciales como la salud y la educación, deteriorando la seguridad y el bienestar de toda la comunidad. Estudios realizados por centros de análisis como el Cato Institute han sugerido que las ciudades santuario presentan tasas de criminalidad inferiores a las de jurisdicciones que aplican políticas de cooperación migratoria, aunque la causalidad en este tipo de correlaciones estadísticas es objeto de debate académico continuo.
Los críticos de las políticas santuario, por su parte, plantean objeciones que operan en varios planos simultáneamente. En el terreno constitucional, argumentan que la política migratoria es competencia exclusiva del gobierno federal y que la fragmentación local en su aplicación socava la coherencia del sistema jurídico nacional. En el plano de la seguridad pública, invocan casos individuales en los que individuos con antecedentes criminales y órdenes de deportación pendientes cometieron delitos graves después de haber sido liberados por autoridades locales que rechazaron las solicitudes de retención federal. Políticamente, denuncian que estas políticas representan una forma de desobediencia institucional que mina la legitimidad del Estado de derecho y establece precedentes peligrosos para la coherencia gubernamental.
La dimensión filosófica del debate remite a tensiones no resueltas en la teoría política democrática. El conflicto entre ciudades santuario y gobierno central puede leerse como una manifestación contemporánea de la tensión entre lealtades locales y obligaciones nacionales que los teóricos del federalismo han explorado desde los escritos de los Federalistas hasta el pensamiento de descentralización de Robert Dahl. También invita a repensar la categoría de membresía política en sociedades plurales: si una persona vive, trabaja, paga impuestos y participa en la vida de una comunidad local durante años, ¿qué legitimidad tiene el Estado central para ignorar esa pertenencia efectiva en nombre de una categoría jurídico-formal como el estatus migratorio?
Las ciudades santuario plantean, en última instancia, una pregunta incómoda sobre los límites del Estado-nación como marco exclusivo de organización política en un mundo donde los flujos humanos desbordan sistemáticamente las fronteras diseñadas en el siglo XIX. Al asumir funciones de protección que el gobierno central niega, estas entidades locales no solo desafían una política pública específica sino que articulan una visión alternativa de la comunidad política, fundada en la proximidad, la convivencia y la responsabilidad compartida antes que en la legalidad formal.
Si esta tensión se resolverá mediante la consolidación jurídica de una mayor autonomía local, mediante la imposición de la uniformidad federal o mediante formas híbridas de gobernanza migratoria, es una de las preguntas abiertas más relevantes de la política comparada contemporánea.
Referencias
Motomura, H. (2014). Immigration outside the law. Oxford University Press.
Ramakrishnan, S. K., & Wong, T. (2010). Partisanship, not Spanish: Explaining municipal ordinances affecting undocumented immigrants. Political Research Quarterly, 63(3), 612–626.
Varsanyi, M. W. (Ed.). (2010). Taking local control: Immigration policy activism in U.S. cities and states. Stanford University Press.
Koulish, R. (2010). Immigration and American democracy: Subverting the rule of law. Routledge.
Ridgley, J. (2008). Cities of refuge: Immigration enforcement, police, and the insurgent genealogies of citizenship in U.S. sanctuary cities. Urban Geography, 29(1), 53–77.
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