Entre la desconfianza hacia los partidos políticos y la búsqueda de nuevas formas de participación, el sorteo ciudadano resurge como una alternativa inspirada en la antigua Atenas para devolver protagonismo a la ciudadanía común. Jurados y asambleas deliberativas demuestran que personas corrientes pueden afrontar decisiones complejas con rigor cuando cuentan con información y tiempo para debatir. ¿Puede el azar fortalecer la democracia? ¿Estamos ante el futuro de la representación política?
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📷 Imagen generada por Dola Al para El Candelabro. © DR
Sorteo ciudadano: jurados, asambleas y democracia deliberativa
El sorteo como mecanismo de selección política no es una invención moderna. En la Atenas clásica del siglo V a. C., la klerotería —una máquina de sorteo— determinaba qué ciudadanos ocuparían cargos públicos, integrarían tribunales o deliberarían en asambleas. Esta práctica, conocida hoy como sorteo ciudadano o selección aleatoria de representantes, constituía el corazón de la democracia ateniense directa. Lejos de considerarse una anomalía, el sorteo era visto como el procedimiento más justo para distribuir el poder entre iguales, pues neutralizaba la influencia del dinero, el prestigio y las redes clientelares. Recuperar esta herramienta en el siglo XXI es, para muchos teóricos políticos, una necesidad urgente ante la crisis de representación que atraviesan las democracias contemporáneas.
La democracia representativa moderna se construyó sobre el principio electoral: los ciudadanos delegan su soberanía en representantes elegidos mediante el voto. Sin embargo, ese modelo muestra grietas profundas. Los parlamentos actuales no reflejan la diversidad real de las sociedades; están sobrerrepresentados los hombres, las clases altas, los profesionales con educación universitaria y ciertos grupos étnicos dominantes. La elección por voto tiende a favorecer a quienes cuentan con recursos económicos, visibilidad mediática o maquinaria partidaria. En ese contexto, el sorteo ciudadano emerge como una alternativa o complemento democratizador, capaz de producir cuerpos deliberativos estadísticamente más representativos de la población en su conjunto.
El concepto central que articula esta propuesta es el de descriptive representation o representación descriptiva: la idea de que los cuerpos políticos deben parecerse sociológicamente al colectivo que representan. Cuando un jurado ciudadano seleccionado al azar incluye personas de distintas edades, géneros, orígenes étnicos, niveles educativos y zonas geográficas, incorpora una diversidad de perspectivas que raramente aparece en los parlamentos elegidos. Esa diversidad no es simplemente simbólica; tiene consecuencias epistémicas reales. Las investigaciones en ciencia política y psicología social indican que los grupos heterogéneos tienden a deliberar con mayor profundidad, cuestionar más los supuestos compartidos y producir decisiones más robustas que los grupos homogéneos.
Las asambleas ciudadanas sorteadas —también llamadas minipúblicos deliberativos— han cobrado notable relevancia en las últimas décadas como herramienta de innovación democrática. Irlanda ofrece el ejemplo más citado: entre 2016 y 2018, una asamblea ciudadana compuesta por cien personas seleccionadas aleatoriamente deliberó sobre cuestiones constitucionales de gran sensibilidad, incluyendo el aborto y el matrimonio igualitario. Sus recomendaciones, fundamentadas en meses de debate informado, fueron posteriormente llevadas a referéndum y aprobadas por la ciudadanía. El proceso demostró que personas sin formación política específica pueden abordar temas complejos con rigor, madurez y sentido de responsabilidad cuando se les ofrecen las condiciones adecuadas.
La democracia deliberativa, como teoría normativa, proporciona el marco filosófico que sustenta estas experiencias. Desarrollada por pensadores como Jürgen Habermas, John Rawls y Joshua Cohen, esta corriente sostiene que la legitimidad política no deriva únicamente del número de votos, sino de la calidad del proceso de deliberación que precede a la decisión. Una decisión es legítima cuando ha sido adoptada tras un intercambio racional de argumentos en condiciones de igualdad, respeto mutuo y acceso equitativo a la información. El sorteo ciudadano, combinado con procedimientos deliberativos estructurados, procura crear precisamente ese tipo de espacio: un foro donde la lógica del mejor argumento prevalece sobre la del poder o el interés particular.
Los jurados ciudadanos, inspirados parcialmente en la tradición del jurado judicial anglosajón, son otra modalidad de participación sorteada. A diferencia de las grandes asambleas, suelen estar compuestos por entre doce y veinticuatro personas seleccionadas aleatoriamente, trabajan durante un período breve —generalmente entre tres y cinco días—, escuchan testimonios de expertos y partes interesadas, deliberan entre sí y emiten un veredicto o un conjunto de recomendaciones. Han sido utilizados en el Reino Unido, Australia, Alemania y España para abordar cuestiones como la planificación urbana, la política energética o la reforma del sistema de salud. Su escala reducida los hace más manejables logísticamente, aunque también limita su capacidad de representar toda la diversidad poblacional.
La pregunta sobre si el sorteo ciudadano puede reemplazar o solo complementar a las elecciones divide a los teóricos. Autores como David Van Reybrouck, en su influyente obra Contra las elecciones, argumentan que el sistema electoral ha sido históricamente la herramienta de las élites para domesticar la participación popular, y proponen sustituir los parlamentos electos por cámaras sorteadas de ciudadanos. Otros, como Jane Mansbridge o Hélène Landemore, son más cautelosos: admiten el valor del sorteo como mecanismo complementario y correctivo, pero señalan que la elección permite a los ciudadanos expresar preferencias políticas y exigir cuentas a los gobernantes mediante el voto de castigo, funciones que el sorteo no puede cumplir por su naturaleza aleatoria.
Una de las tensiones más relevantes en el debate sobre sorteo y democracia participativa concierne a la voluntad de los participantes. El sorteo puede ser voluntario —las personas son invitadas y deciden si participan— o cuasi-obligatorio, con desincentivos para quienes rechacen la convocatoria. La participación voluntaria genera sesgos hacia ciudadanos más comprometidos políticamente, lo que erosiona la representatividad. La participación cuasi-obligatoria produce muestras más equilibradas, pero plantea interrogantes sobre la libertad individual y la calidad deliberativa de quienes participan sin convicción. Diseñar mecanismos que maximicen la participación diversa sin coerción es uno de los desafíos técnicos más delicados de estas experiencias.
Otro aspecto crítico es el problema de la información y la formación. Los ciudadanos sorteados no son expertos en los temas que se les encomienda. Para deliberar de manera informada, necesitan acceder a materiales rigurosos, escuchar a especialistas con perspectivas diversas y disponer del tiempo necesario para procesar argumentos complejos. El diseño del proceso de aprendizaje deliberativo es, por tanto, tan importante como el mecanismo de selección. Cuando ese diseño es deficiente o está sesgado hacia determinados puntos de vista, el minipúblico puede producir resultados manipulados, convirtiendo el sorteo en una fachada de legitimidad para decisiones ya predeterminadas por quienes controlan el proceso.
El sorteo ciudadano también ha sido propuesto como mecanismo para abordar la crisis climática desde la perspectiva de la justicia democrática. La Convención Ciudadana sobre el Clima de Francia, convocada entre 2019 y 2020 por el presidente Emmanuel Macron, reunió a ciento cincuenta ciudadanos sorteados para deliberar sobre cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El proceso generó propuestas ambiciosas y políticamente viables, aunque su implementación posterior fue parcial, lo que generó frustración entre los participantes y desencadenó un debate sobre la vinculación —o no— de las recomendaciones de los minipúblicos con las decisiones de los poderes electos.
La cuestión de la vinculatoriedad revela una tensión estructural entre el sorteo ciudadano y el sistema representativo tradicional. Si las recomendaciones de las asambleas sorteadas no tienen carácter vinculante, corren el riesgo de convertirse en ejercicios cosméticos que legitiman decisiones gubernamentales sin modificarlas sustancialmente. Si, en cambio, tienen carácter obligatorio, surge la pregunta sobre la rendición de cuentas: ¿a quién responden los ciudadanos sorteados si toman decisiones perjudiciales? La responsabilidad política individual —central en la democracia representativa— resulta difícilmente atribuible en un colectivo seleccionado al azar y de carácter temporal.
A pesar de estas tensiones, el interés académico e institucional por el sorteo ciudadano no deja de crecer. Organizaciones como el OCDE, la Unión Europea y numerosos gobiernos locales han comenzado a incorporar minipúblicos deliberativos en sus procesos de decisión. La literatura especializada en democracia participativa y deliberativa identifica en estas experiencias un potencial transformador real, siempre que se combinen con garantías de independencia, diversidad, acceso equitativo a la información y algún mecanismo de influencia real sobre las políticas públicas. El sorteo ciudadano no es una panacea, pero ofrece herramientas concretas para revitalizar la legitimidad democrática en sociedades donde la desconfianza hacia los partidos y las élites políticas ha alcanzado niveles históricamente altos.
En definitiva, el sorteo como herramienta democrática representa una apuesta por la capacidad política de la ciudadanía ordinaria. Frente al tecnocratismo que reserva las decisiones a expertos, y frente al populismo que las entrega a líderes carismáticos, la democracia deliberativa basada en el sorteo afirma que cualquier persona, bien informada y en condiciones adecuadas de deliberación, es capaz de contribuir al bien común.
Esta convicción —antigua como Atenas, urgente como el presente— constituye el fundamento normativo más poderoso de una democracia que aspire no solo a sobrevivir, sino a merecer la confianza de quienes la habitan.
Referencias
Fishkin, J. S. (2018). Democracy when the people are thinking: Revitalizing our politics through public deliberation. Oxford University Press.
Habermas, J. (1998). Facticidad y validez: Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Trotta. (Obra original publicada en 1992)
Landemore, H. (2020). Open democracy: Reinventing popular rule for the twenty-first century. Princeton University Press.
Sintomer, Y. (2011). Petite histoire de l’expérimentation démocratique: Tirage au sort et politique d’Athènes à nos jours. La Découverte.
Van Reybrouck, D. (2016). Against elections: The case for democracy. The Bodley Head. (Obra original publicada en neerlandés en 2013)
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